Nov26

¿Y la convocatoria?

Jorge Machuca Luna*

Nuevamente el Congreso del estado de Puebla sigue minimizando un hecho que retrata de cuerpo completo su actuación omisa, abúlica y carente de planeación, así como la inutilidad de su área jurídica: ha pasado más de un mes desde que, por ley, se debió haber publicado la convocatoria para seleccionar al nuevo integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) de Puebla.

 

El no haberla divulgado aún, además de que constituye una violación al artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla (LTAIPEP), evidencia la falta de planeación de la agenda legislativa de este año, ya que desde que asumieron su cargo en enero pasado, todos los diputados locales sabían que entre los trabajos del actual periodo ordinario de sesiones está el llevar a cabo el proceso de selección de comisionado del órgano garante poblano.

 

Esta semana, organizaciones de la sociedad civil de alcance nacional y estatal que están observando el proceso de designación, como el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate, Amedi, Puebla Vigila y Actívate por Puebla, emitieron un segundo comunicado en el que detallaron en qué consiste la nueva violación a la Ley de Transparencia:

 

“De acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo 68 de la LTAIPEP, el 15 de noviembre era el último día para que los interesados en postularse a dicho cargo presentaran sus propuestas, según lo dispuesto en la convocatoria. A partir de esa fecha, indica la misma fracción, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso debió haber comenzado a valorar que los candidatos cumplieran los requisitos correspondientes, para luego citarlos a comparecer frente a los integrantes de esa comisión”.

 

Desde el 11 de noviembre, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre un proceso “viciado de origen”, al no haberse publicado la convocatoria en tiempo y forma, desde la tercera semana de octubre, como lo indica la fracción I del mismo artículo 68 de la LTAIPEP.

 

En un comunicado del Congreso del Estado de Puebla, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Giorgana, admitió que antes de que se emitiera la convocatoria, la actual comisionada, Alexandra Herrera Corona, “solicitó por escrito ser considerada en el proceso de renovación y apeló a su derecho de elegibilidad”.

 

Ella asumió su cargo en junio de 2014 en sustitución de Blanca Lilia Ibarra, quien renunció por “motivos personales” y ahora pretende buscar permanecer en el asiento de comisionada por seis años más.

 

El problema  no previsto por los legisladores, tiene su origen en el artículo 70 de la LTAIPEP, que indica claramente que “los comisionados durarán en su encargo un periodo de seis años sin posibilidad de reelección”; la norma entró en vigor en diciembre de 2011.

 

Alexandra Herrera se convirtió en comisionada suplente en diciembre de 2008, cuando llegó en fórmula con Blanca Lilia Ibarra, cuya llegada a la CAIP fue catalogada como una imposición de la mayoría priista en el Congreso de aquella época.

 

La Ley de Transparencia de aquellos días permitía la reelección, razón por la cual en ese mismo proceso se postuló –inútilmente- la excomisionada Josefina Buxadé Castelán, que a la postre se convirtió en diputada local panista y ahora trabaja en la Contraloría del estado de Puebla.

 

Seis años después, con una nueva norma, Alexandra Herrera pretende volver a postularse argumentando que su caso no se puede considerar una reelección, ya que su suplencia y posterior titularidad se basó en la ley anterior.

 

Al respecto hay puntos de vista encontrados, ya que ni el equipo jurídico del diputado presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso poblano, Marco Antonio Rodríguez Acosta, ni todo el equipo de abogados del Legislativo, y tampoco el Tribunal Superior de Justicia de Puebla –al que se le pidió su opinión desde hace más de un mes, e hizo mutis- han podido deshacer el entuerto en el que entraron.

 

Al respecto, según algunos abogados consultados, hay dos interpretaciones: la primera, vista desde la óptica del derecho administrativo, indica que a Herrera por haber sido elegida como comisionada antes de la reforma de 2011, no se le podría aplicar el artículo 70 de la Ley de Transparencia vigente que le impide la reelección a cualquier comisionado.

 

Las fuentes consultadas refirieron que es en derecho penal cuando se aplica la última reforma legal en beneficio de una persona acusada de un delito. Este caso podría verse bajo la óptica del derecho administrativo.

 

La otra interpretación es más simple, ya que indica que se debe aplicar la ley al pie de la letra; Herrera al haber rendido protesta para el cargo, se convirtió en comisionada propietaria, y por ende ha quedado inhabilitada para repetir en el cargo.

 

En ese escenario, y ante la inoperancia de los abogados del Poder Legislativo y los asesores de los diputados, el presidente del Congreso, Víctor Giorgana, pidió la asesoría de un abogado externo, Ernesto Ramírez López, exasesor jurídico de la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz en sus tiempos de alcaldesa de Puebla, y excolaborador del litigante cercano a Manuel Bartlett, Carlos Meza Viveros.

 

El 12 de noviembre, Giorgana se apresuró a decir que la asesoría de Ramírez sería gratuita y que “antes del 4 de enero se conocerá al comisionado; esto deberá quedar resuelto antes de que concluya el tercer periodo ordinario de sesiones”, que culminará en diciembre.

 

Por eso, cinco organizaciones de la sociedad civil sostuvieron que “no hay garantías para la realización de un proceso abierto a la sociedad, transparente, legítimo y equitativo, cuyo resultado abone al fortalecimiento de la CAIP y del consecuente ejercicio del derecho de acceso a la información. Ante la falta de publicación de la convocatoria, el Congreso continúa poniendo en riesgo la legalidad del proceso.

 

“El reconocimiento del propio diputado Giorgana Jiménez de la solicitud que hizo por escrito la comisionada Alexandra Herrera Corona para ser considerada en el proceso, confirma que la omisión del Congreso obedeció al interés de una posible aspirante, en detrimento de la participación equitativa de otros eventuales postulantes.

 

“A la luz del cuestionable desempeño que han tenido los comisionados de la CAIP, este proceso de designación debió haber sido ejemplar, en vez de estar viciado de origen”.

 

Aún falta por sortear las demás etapas de selección de aspirantes; aún se ignora si las comparecencias serán abiertas y sus términos; lo cierto es que es muy probable que sea una mujer la que se incorpore, ya que el mismo artículo 68 en su fracción IX indica que la elección debe hacerse procurando “que haya equidad de género”. Los otros dos comisionados en funciones son varones.

 

Habrá que ver ahora en qué concluye el proceso, que retrata de cuerpo completo el operar errático e ilegal de un Congreso que juró cumplir y hacer cumplir las leyes que ahí se crearon. Esto es Puebla. Esto es México.

 

*Representante de México Infórmate en Puebla / Director del Portal NG

Twitter: @JorgeMachucaL

Facebook: Jorge Machuca Luna

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