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Transparencia: de la ley a la realidad

Justine Dupuy*

Texto publicado originalmente en el portal Sin Embargo y reproducido con autorización de Fundar. Centro de Análisis e Investigación.

 

Este jueves 16 de abril, la Cámara de Diputados aprobó con una votación de 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con esta aprobación se termina un largo proceso legislativo que inició en 2012. Para transformar, modernizar y fortalecer el marco legal de la transparencia, fueron necesarios más de tres años de debates, discusiones, propuestas, tensiones y diálogos. Primero para impulsar una reforma constitucional, segundo para reglamentar estos cambios en una ley general.

 

En general ha sido un proceso legislativo incluyente y abierto, sobre todo gracias a algunos senadores que desde el inicio promovieron el diálogo y la apertura. A finales del 2012 para debatir sobre la reforma constitucional, se organizaron audiencias públicas en el Senado a las cuales expertos, académicos, comisionados y asociaciones fueron invitados a participar. En octubre de 2014, representantes de la sociedad civil y asesores de senadores se sentaron a elaborar en conjunto la iniciativa de Ley General que se presentó el primero de diciembre del mismo año.

 

Tampoco faltaron los momentos de parálisis legislativa, las amenazas de retroceso, las negociaciones ríspidas y los diálogos de sordo. La última crisis de este proceso surgió a inicio de año cuando más de 80 propuestas regresivas de modificación a la iniciativa de la Ley General empezaron a circular entre los legisladores. La movilización de un grupo amplio de asociaciones civiles y expertos logró detener la mayoría de estos cambios propuestos desde Presidencia.

 

El país entonces tiene un nuevo marco normativo prometedor: órganos garantes autónomos; sindicatos, partidos políticos, fideicomisos obligados a rendir cuentas; la creación de un sistema nacional de transparencia para armonizar los criterios y las políticas publicas en la materia, muchas obligaciones de transparencia que la administración pública tendrá que llevar acabo; procesos más expeditos para acceder a la información, etc. La lista de las mejoras es larga.

 

Sin embargo, estas mejoras siguen siendo solo una promesa. Para que la ley se vuelva realidad falta aún mucho por hacer. Por un lado los legisladores deben terminar de armonizar las leyes estatales de transparencia, no olvidar avanzar en la reforma de otros ordenamientos sin los cuales no se concretaría la rendición de cuentas como lo son la ley general de archivos y la ley general de protección de datos personales, entre otras.

 

Por otro lado, solo una fiel implementación de este nuevo marco legislativo concretará el cambio hacia una verdadera rendición de cuentas. Para eso, se necesita tiempo, recursos económicos y humanos, voluntad política y sanciones en casos de incumplimientos. El reto es importante y recae en parte en los hombros de los órganos garantes de la transparencia, por lo menos estos tendrán que promover y vigilar la adecuada concretización de esta ley.

 

Y no se puede olvidar que temas cruciales para la transparencia quedaron ambiguos o fuera de la ley. Es el caso de la facultad de los órganos garantes para resolver la apertura de información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. La ley general no reconoce la facultad de los órganos para determinar si la información está relacionada a un caso de violaciones graves a derechos humanos. En los próximos meses, le tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir sobre  esta polémica a la hora de resolver amparos interpuestos por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Artículo 19 cuando no pudieron acceder a información relacionada a la masacre en 2010 de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

 

Otros temas se solucionarán con la práctica. Es el caso por ejemplo de la prevalencia de la Ley General sobre otras leyes y la obligación de generar información, asuntos que han sido plasmados en la ley general con mucha ambigüedad e imprecisiones. En estos casos será determinante los lineamientos impulsados por los órganos garantes y sus resoluciones al resolver recursos de revisión.

 

Si bien es cierto que la aprobación de la ley general de transparencia es una señal fuerte y una buena noticia para el acceso a la información en el país, realizar un balance de estas disposiciones legales en este momento es bastante apresurado. Habrá que esperar la implementación adecuada de este nuevo marco, lo cual puede tomar más de un año en concretarse.

 

 

*Coordinadora del programa de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar. Centro de Análisis e Investigación.

Twitter: @justinedupuy