Nov14

Publicidad oficial: la oportunidad de la SCJN para terminar con la propaganda ilegal

Ricardo Luévano*

Cuando caminamos hacia diferentes puntos en la ciudad observamos indiscriminadamente al menos tres o cuatro imágenes sobre la forma en la que los gobiernos trabajan por nuestro bienestar. En la radio escuchamos constantes recordatorios de las patrióticas hazañas del Ejército y la Marina, y al ver el televisor, al menos dos o tres comerciales nos muestran cómo el Senado legisla con visión de futuro. Esa propaganda que nos abruma todo el día se llama publicidad oficial y tiene un costo para cada contribuyente.

La publicidad oficial fue creada con un objetivo diferente al de la propaganda electoral, y aunque es difícil desasociarlas, la primera se utiliza para comunicar las acciones de gobierno e informar sobre los servicios, los programas y las políticas públicas que impactan en la vida diaria de las personas; la segunda, es un tipo de comunicación persuasiva con la finalidad de promover o desalentar actitudes en pro o en contra de un partido político o un candidato, y con el firme propósito de ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos del grupo al que va dirigido. La publicidad oficial informa y rinde cuentas, las campañas electorales promueven personas y partidos.

Si no es fácil entender la diferencia es porque nuestro derecho a ser informados sobre los actos de gobierno se utiliza como plataforma política para visibilizar precampañas electorales, en algunos casos, con muchos años de anticipación.

La publicidad oficial en México fue señalada en la adición del párrafo octavo al Artículo 134 de la Constitución, el 13 de noviembre de 2007: la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda debería incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, señaló el legislador.

El mal uso del párrafo descrito ha sido utilizado por Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Manuel Velasco Coello, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y muchos otros para promocionar su imagen bajo el supuesto de informarnos los avances que han generado respecto al presupuesto que les fue encomendado para administrar, así visibilizan por qué sus gobiernos son proyectos que los reivindican como líderes sociales y personas cercanas a sus futuros votantes, con la evidente estrategia de postularse a algún cargo electoral o limpiar las culpas señaladas por la inconformidad social.

Como si el uso impune de la visibilidad pública autogestionada no fuera suficiente, este rubro genera un impacto directo en los contenidos y opiniones de un gran número de medios.

El pago por miles de millones de pesos para comprar spots en las televisoras es utilizado para controlar la opinión y sus contenidos, para detallar mensajes de las radiodifusoras y recortar los párrafos que no aportan al gobierno en los periódicos. La amenaza surge -nos dice la Relatoría para la Libertad de Expresión[i]- cuando la principal fuente de financiamiento de una empresa de comunicación es el propio gobierno mediante el pago de la publicidad del Estado.

Bajo la conocida y lamentable frase de "no pago para que me peguen", las líneas editoriales y los contenidos radiofónicos y televisivos consumen gran parte de estos recursos para generar ganancias en miles de millones de pesos. O incluso en muchos medios locales con el único fin de subsistir y pagar la nómina de sus contratados.

El control se ejerce de acuerdo con el monto pagado, y si eres un medio crítico o incluso alguno de tus periodistas saca una nota incómoda para el gobierno, la presión para rescindir sus contratos se paga con acuerdos facturados sin fundamento alguno. La renuncia de Leonardo Curzio en Primera Emisión de Enfoque Noticias ante la presión para sacar del aire a María Amparo Casar y Ricardo Raphael es un claro ejemplo de la presión que ejerce la publicidad oficial desde las oficinas de los funcionarios encargados de censurar toda perspectiva crítica en México.

Al adicionar el párrafo octavo al Artículo 134 de la Constitución se incluyó también un tercero transitorio con la obligación de expedir antes del 30 de abril de 2014 una Ley reglamentaria que establecería las normas para garantizar que el gasto en comunicación social sobre la publicidad oficial cumpliera con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y honradez, así como los topes presupuestales, los límites y las condiciones del ejercicio de estos egresos.

Sin embargo, el gasto desmedido que genera la inversión pública en su propia imagen a cambio del control de la información oficial permeó en la omisión legislativa del Congreso de la Unión, y aunque han existido 17 iniciativas de regulación ninguna ha sido aprobada o siquiera discutida.

Para entender el tamaño de esta caja chica, durante el año 2016 la administración pública federal gastó aproximadamente 8,500 millones de pesos en este rubro, y las 32 entidades federativas un aproximado de 3,600 millones más, ese gran total -sin contar el gasto de los municipios- suma la cifra aproximada de 12,100 millones de pesos y se utilizó solo para visibilizar las acciones de gobierno.

Para acentuar las cifras, la administración pública federal a cargo de Enrique Peña Nieto reportó un gasto acumulado de 2013 a 2016 de más de 34,000 millones de pesos, monto cercano a los daños materiales generados por los sismos registrados el 7 y el 19 de septiembre que ascienden a 38 mil millones[ii].

Ante esta evidente amenaza contra la libertad de expresión y el derecho a la información por el pago de privilegios y la discriminación contra los medios críticos, además de la omisión legislativa que debe regular la implacable impunidad, Artículo 19 presentó un amparo el 23 de mayo de 2014 promovido contra el Congreso de la Unión ante el incumplimiento del tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en Materia Política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014; y la parálisis de cualquier acto tendente a expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.

Después de varios años, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo, y el día 15 de noviembre de 2017 se discutirá de acuerdo a la publicación del proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo Zaldívar.

La SCJN tiene una oportunidad histórica para regular la protección constitucional del artículo referido, ya que la ausencia de regulación de la publicidad oficial sobre los derechos a la libertad de expresión de los medios de comunicación y el derecho a estar informados de toda la sociedad es contraria a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, que la Constitución mandata.

Nuestro más alto tribunal puede fortalecer el Estado democrático de derecho y ordenar la consolidación del diseño normativo sobre el que la libertad de opiniones y la recepción de informaciones podrían labrar las narrativas de la realidad histórica y social en las próximas décadas, una nueva época que las y los ministros, no pueden dejar pasar.

 


 

[i] INFORME ANUAL DE LA RELATORÍA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 2003, párrafo octavo de la Introducción. En línea: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=139&lID=2

[ii] LIBERTADES EN RESISTENCIA, informe anual 2016 de la organización Artículo 19. El gasto corresponde a las partidas 3600 y 33605. Al momento de escribir el informe, la Secretaría de la Función Pública no había publicado los montos definitivos del gasto en comunicación social 2016, sino la actualización del gasto enero-diciembre 2016, los datos se pueden visibilizar en: Secretaría de la Función Pública (30 de marzo de 2016). Gastos en comunicación social. Transparencia focalizada. En línea: http://www.gob.mx/sfp/documentos/gastos-de-comuni-cacion-social

* Ricardo Luévano es Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19. Nota: Este texto fue publicado originalmente en el portal HuffPost México, se reproduce con autorización del autor