De los límites a los alcances del derecho de acceso a la información pública (Parte II)
Ago16

De los límites a los alcances del derecho de acceso a la información pública (Parte II)

Samuel Bonilla*

Parte I aquí

El reto: el río de cocodrilos

Cuando se utiliza el derecho de acceso a la información pública en su vertiente instrumental, con frecuencia la información recibida suele causar malestar a los solicitantes ya que revela o confirma una situación desfavorable, negativa, indeseable. La buena noticia fue que recibieron la información; la mala, es que ahí concluye el ejercicio del DAIP y no ha cambiado el estado de cosas que esperaban modificar. Entonces emergen el desencanto y la frustración.

Esta etapa puede ser un punto de quiebre para quienes compraron la idea de que usando este derecho lograrían en automático mejorar determinada situación, y al haber agotado todas las etapas procedimentales del DAIP sólo les queda la resignación y la decepción ante un derecho que parecía tener mayores alcances.

Esa fase crítica en el uso del derecho de acceso a la información pública, en su vertiente instrumental, la identificamos como el “río de cocodrilos”, metáfora con la que representamos los retos que implica interpretar, comprender y dar el uso adecuado a la información recibida para lograr el objetivo que se persigue. Si bien en este punto estamos en los límites del acceso a la información pública, no necesariamente tiene que ser el final de sus alcances.

Aún es posible extender los alcances del DAIP, como un árbol que con sus ramas más elevadas rebasa una barda y brinda sombra y frutos más allá.

Para alcanzar el beneficio pretendido será necesario cruzar “el río de cocodrilos”, haciendo que la información recibida vía el DAIP produzca el efecto deseado. Y eso podrá lograrse dándole a la información el uso pertinente, según el asunto de que se trate, lo cual no siempre queda claro para quienes han llegado a este punto. Incluso, hay quienes ni siquiera advierten que existe la posibilidad de darle uso a esa información para continuar luchando por su objetivo, piensan que llegaron al final de un proceso que no rindió frutos.

Es a partir de este punto, que expandir los alcances de la utilidad del derecho de acceso a la información pública depende de las capacidades de quien lo utiliza o de quien lo asesore.

Desde luego que hay usuarios que pueden identificar, enfrentar y solucionar los retos que significa pasar de la etapa de recibir la información a la de conseguir la solución anhelada o satisfacer la necesidad de su interés, pero muchos otros no. La única posibilidad de que estos últimos puedan concluir de manera exitosa su experiencia en el uso del DAIP es con orientación, asesoría o acompañamiento adecuado conforme al asunto de que se trate.

Varios de esos usuarios no disponen de ese apoyo. Se les “cierra el mundo”, ni siquiera saben quién les podría ayudar o dónde encontrar ese apoyo, o no cuentan con los recursos para costear la asesoría que necesitan para continuar su camino hacia la solución que buscan.

Ya no se trata de cómo atender alguna etapa procedimental del derecho de acceso a la información o de sus medios de defensa, sino del hecho de entender y comprender la información recibida, y de saber cómo usarla, y ante cuál instancia, para que produzca el resultado pretendido.

 

La propuesta: el buró

¿Cómo construir un “puente” que permita a más personas superar los obstáculos que representa el “río de cocodrilos”?

En el planteamiento para crear un Plan Nacional Integral de Socialización del DAIP (Planiso), expuesto en 2014 en el entonces IFAI, propusimos una línea de acción denominada “Servicios de orientación para el aprovechamiento de la información”. A través de esa iniciativa específica se ofertarían servicios de orientación calificada, multidisciplinaria y gratuita para quienes requieran apoyo, sea para la interpretación y comprensión de la información recibida, o para conocer las alternativas factibles de uso de esa información para procurar los resultados pretendidos.

Los órganos garantes de cada estado podrían conformar un “buró” de servicios profesionales de orientación gratuita a través de convenios de colaboración con las instituciones de educación superior de su entidad, con organizaciones de la sociedad civil especializadas en determinados temas, y con instituciones públicas que entre sus funciones esté la prestación de servicios de apoyo y orientación al público.

Por vías diversas, entre ellas los acuses de recibo de las solicitudes de información enviadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, los órganos garantes comunicarían a los usuarios del DAIP de la disponibilidad de estos servicios de orientación para quienes los requieran.

De tal manera que quien hayan solicitado información para atender un asunto laboral o de servicios públicos, o de contaminación, salud, vivienda, educación, obras públicas, programas sociales o para el ejercicio de otros derechos, podrá contactar al órgano garante respectivo para solicitar ese servicio. El órgano garante revisará el tema en el que se requiere la orientación, buscará en el directorio del “buró” que ha conformado, cuál instancia es la indicada para proporcionarla, y pondrá en contacto a las dos partes para que el servicio se proporcione.

Esta línea de acción del Planiso contribuiría a elevar las posibilidades de que los usuarios del DAIP puedan “cruzar” con éxito el “río de cocodrilos” y alcanzar el objetivo pretendido, y con ello incrementar el índice de efectividad del uso de este derecho en su vertiente instrumental.

Pero, además, haría una notable aportación para el desarrollo de una conciencia colectiva acerca de la utilidad del DAIP como un instrumento útil para la solución de determinados problemas o necesidades. Los “Servicios de orientación para el aprovechamiento de la información” irían construyendo caminos, estrategias y métodos de mucha utilidad para que más solicitantes de información se beneficien de esas experiencias, lecciones y aprendizajes. Una virtuosa “bola de nieve”.

La información generada por estos servicios de orientación alimentaría también de insumos valiosos a otras líneas de acción del Plan Nacional de Socialización en materia de capacitación, sensibilización, formación y difusión. Los órganos garantes podrían dar seguimiento a los casos atendidos por esta vía y tendrían a su alcance tanto los aprendizajes como los resultados producidos.

Si nos interesa identificar y solucionar las barreras que enfrentan los usuarios del DAIP, debemos abordar el ejercicio y aprovechamiento de este derecho desde los zapatos y diversos contextos sociales de sus derechohabientes. Se trata de generar y ejecutar políticas públicas que emparejen el piso para toda persona en este terreno, y que gocen así de posibilidades reales para aprovechar este derecho. Hacia ese propósito es que apunta el planteamiento del Plan Nacional Integral de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública.

*Coordinador del Programa Transparencia para Todos y representante de México Infórmate en San Luis Potosí.  @transparatodos