De los límites a los alcances del derecho de acceso a la información pública (Parte I)
Ago14

De los límites a los alcances del derecho de acceso a la información pública (Parte I)

Samuel Bonilla*

La impactante novedad que significó en México la creación de leyes de acceso a la información pública provocó que el tema de la transparencia se pusiese de moda, se convirtiera en una exigencia políticamente correcta −aunque en los hechos enfrente grandes resistencias−, y que con frecuencia sus efectos se proyecten, de manera simplista, con exageración. La transparencia llegó a ser considerada como un remedio para varios de nuestros grandes males como país.

Cuando surgieron las primeras leyes de la materia en México, se afirmaba que éstas acabarían con la corrupción. Poco después la evidencia matizó ese tipo de aseveraciones, se empezó a decir que la transparencia era un inhibidor de la corrupción.

Aún hay comisionados de órganos garantes del derecho de acceso a la información pública (DAIP) que aseguran que gracias a la transparencia se recuperará la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, lo que de entrada supondría que alguna vez hubo tal confianza (si no ésta no podría ser recuperada); y sin considerar que la transparencia, por sí misma, no garantiza saber de un desempeño óptimo o satisfactorio de las instituciones y los servidores públicos; con frecuencia la transparencia muestra exactamente lo opuesto, y en esos casos sólo contribuye a acentuar la desconfianza ciudadana. Una cosa es la transparencia, y otra lo transparentado.

La transparencia no es un atributo que necesariamente transmita propiedades positivas sobre aquello en que se aplique. De serlo, tendríamos una especie de varita mágica, y nada más lejos de ello. Promover la transparencia como un antídoto eficaz, por sí sola, a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas no sólo es una exageración, también es una irresponsabilidad porque genera falsas expectativas.

Es cierto es que la transparencia puede contribuir generar confianza hacia las instituciones públicas, mas no por sí misma, sino con la combinación de otras variables; las que, en todo caso, también habría visibilizarlas y promover a la par de la transparencia.

Algo parecido ocurre con los exhortos para que las personas aprovechen el DAIP para mejorar sus condiciones de vida, sin ofrecerles programas de formación y desarrollo de capacidades, soporte y acompañamiento. Es como arrojar semillas por doquier con la expectativa de que, sin condiciones de cultivo alguno, germinen y produzcan plantas que a su vez den frutos. Representa una simplificación atractiva respecto a la posibilidad de lograr utilidades pertinentes a los contextos sociales de las personas, pero los resultados más significativos de este derecho suelen demandar la presencia de factores adicionales.

Si a la par de la promoción del uso y aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública se impulsaran también el desarrollo de esos factores adicionales, se elevarían las posibilidades de resultados exitosos.

Si le preguntáramos a los órganos garantes, ¿de cada 100 solicitudes de acceso a la información pública cuántas contribuyeron a lograr casos exitosos porque sirvieron para generar beneficios concretos a los solicitantes o a terceros?, sería difícil que tuvieran ese dato, pero sería muy útil llegar a tener ese indicador o al menos una estimación documentada. Porque las reiteradas estadísticas de miles o cientos de miles, o más de un millón de solicitudes realizadas van perdiendo sentido si no se pueden interpretar a la luz de datos, e historias, que muestren y demuestren la utilidad que producen.

Investigar los resultados que obtienen las personas con el uso del DAIP permitiría conocer las aplicaciones que los solicitantes dan a la información que reciben y cómo, en su caso, es que les produce beneficios específicos y de qué naturaleza. Porque hacer solicitudes de información sólo por “hacer patria” o para elevar las estadísticas de usuarios y de peticiones, carece de sentido si no reporta a sus autores los aprovechamientos que buscan.

Este enfoque contribuye a ubicar a las personas en el lugar que les corresponde como titulares del derecho de acceso a la información pública, en el centro de la razón de ser del mismo.

Si realmente se desea incrementar de manera significativa las probabilidades de que más personas en el país obtengan beneficios concretos del DAIP, que satisfagan algunas de sus necesidades o que contribuyan a solucionar problemas personales o comunitarios, es necesario aplicar un Plan Nacional Integral de Socialización enfocado a ese propósito. Se requieren estrategias y faenas de cultivo.

Si los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública abordaran ese objetivo desde las perspectivas del amplísimo conjunto de grupos de personas que pretenden beneficiar, podrían identificar obstáculos de diversa naturaleza, lo que les permitiría generar acciones pertinentes para que más individuos y colectivos pudieran superarlos y alcanzar los resultados que requieren.

Como hemos expuesto en anteriores entregas, la vertiente instrumental del DAIP es la que, de las tres que hemos identificado, suele generar resultados más significativos, pero también es la que mayores capacidades demanda de los solicitantes de información. Es decir, en el contexto de esta categoría, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública puede carecer de sentido si no somos capaces de eslabonarlo adecuadamente al derecho o beneficio ulterior que pretendemos gozar.


*Coordinador del Programa Transparencia para Todos y representante de México Infórmate en San Luis Potosí.  @transparatodos