Resultado de la CAIP, reflejo del trabajo a favor de los sujetos obligados: OSC
Jun06

Resultado de la CAIP, reflejo del trabajo a favor de los sujetos obligados: OSC

Con los Ojos Abiertos

El resultado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP) en el Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI) es el reflejo del trabajo desempeñado, el cual ha privilegiado la protección a los sujetos obligados, principalmente el Poder Ejecutivo, señalaron un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

A través de un pronunciamiento, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Capítulo Puebla, el Nodo de Transparencia, Puebla Vigila, Integradora de Participación Ciudadana y Coparmex Puebla, expresaron su preocupación ante la caída en 17 lugares de la CAIP, entre la primera y la segunda edición del Índice, al obtener una calificación reprobatoria de 46.93 puntos de 100 posibles y por debajo del promedio nacional, que fue de 49.74.

Asimismo, las organizaciones indicaron que la no acreditación –con documentos probatorios– de la experiencia previa y especialización de los comisionados, resulta alarmante.

“En reiteradas ocasiones hemos manifestado que la designación de los comisionados responde más a intereses políticos a través de personas vinculadas al Poder Ejecutivo y con poca o nula experiencia en la materia, que a perfiles ciudadanos con reconocida capacidad”, señalaron.

Con relación al número de resoluciones de la CAIP incumplidas por parte de los sujetos obligados, las organizaciones indicaron que esto podría ser resultado de la no aplicación de sanciones por parte de las autoridades correspondientes y de la ausencia de mecanismos que permitan al órgano garante ser la instancia sancionadora.

Ante ello, hicieron un llamado para que la CAIP ponga en marcha acciones como la transmisión en vivo de las sesiones de la CAIP aprovechando las nuevas tecnologías de la información, su disponibilidad en versiones estenográficas y video; la ejecución, en coordinación con las autoridades correspondientes, de un programa educativo en la materia; y la publicación de los criterios de resolución en los recursos de revisión.