Sep10

Pendiente regulación de publicidad oficial: SCJN

Redacción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recordó que el Congreso tiene pendiente, desde hace siete años, la creación de una ley secundaria del artículo 134 constitucional para la regulación del uso de la propaganda oficial y expresó la urgencia de ésta para que propicie certeza jurídica y limite las prácticas violatorias de dicho artículo.

 

Las organizaciones Artículo 19 y Fundar dieron a conocer que el pasado 1 de septiembre, la SCJN declaró constitucional el párrafo 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) que establece que los anuncios y spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año, esté geográficamente limitada y no exceda siete días antes y hasta cinco días después de la entrega del informe de labores del funcionario público.

 

Sin embargo, la Corte recordó que el uso en la propaganda gubernamental de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” es inconstitucional como lo establece el párrafo 8 del artículo 134.

 

El Ministro Fernando Franco, recalcaron las organizaciones, mencionó que si bien los informes de labores son actos que favorecen la rendición de cuentas, los contenidos de los promocionales de los informes de gobierno deben apegarse a la prohibición expresada en el artículo 134.

 

Por su parte el Ministro José Ramón Cossío se pronunció por la inconstitucionalidad de la norma debido a que los promocionales deben ser considerados como propaganda gubernamental a pesar de lo establecido en el artículo 242.5 de la LEGIPE.

 

“En múltiples ocasiones hemos evidenciado que la ausencia de una regulación integral del tema ha creado un vacío legal que permite abusos tanto en la asignación y ejercicio del gasto como en su utilización para la promoción personalizada. En México, se reportan gastos millonarios en este rubro con importantes sobre ejercicios. Estas prácticas tienen un impacto negativo sobre el derecho a la información en el país, la libertad de expresión y sobre la calidad de la democracia”, señalaron Artículo 19 y Fundar mediante un comunicado.

 

Ambas organizaciones, promotoras de la investigación Publicidad Oficial, solicitaron al Congreso avanzar hacia un marco normativo que limite los abusos y proteja el derecho a la información.