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Wikileaks filtra: Pymes y proveedores locales, en peligro si se aprueba el TISA

Tania Molina Ramírez y Pedro Miguel // La Jornada

En su más reciente fase de redacción, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) propone una extrema liberalización de las adquisiciones gubernamentales que socavaría las políticas de algunos países para promover a las empresas nacionales, fomentar el empleo local y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Así lo señala Sanya Reid Smith, consejera legal de la Red del Tercer Mundo (Third World Network), en un análisis sobre el anexo referido a adquisiciones gubernamentales del referido acuerdo, partes del cual fueron entregadas a este diario por Wikileaks.

En el caso de México la entrada en vigor del TISA pondría en peligro la exclusividad de los proveedores nacionales del sector público, que en 2011 significó el 48 por ciento de las adquisiciones gubernamentales registradas en CompraNet. Pero, en la medida en que ese instrumento multilateral reclama  decisiones “imparciales respecto a todos los solicitantes”, las instituciones públicas podrían verse obligadas a abrir sus compras a empresas extranjeras.

Aunque asienta que los países firmantes deben dar un trato igual a proveedores extranjeros y nacionales, el borrador del TISA no establece, a diferencia de otros tratados comerciales, montos mínimos a partir de los cuales resulta obligado abrir una licitación; así, contratos pequeños que actualmente son objeto de adjudicación directa podrían convertirse en concursos abiertos a las firmas del exterior.

Para el caso de Canadá, la especialista pone como ejemplo la norma actual según la cual el gobierno reserva los contratos de cinco mil dólares o menos a proveedores de pueblos originarios. En los términos del TISA dicha norma podría resultar insostenible. Otros sectores que podrían verse afectados en las naciones comprendidas en el acuerdo son los de las organizaciones sin fines de lucro, las conformadas por integrantes de minorías y las establecidas por y para personas con discapacidad.

El texto central del acuerdo señala literalmente: “Cada una de las partes acordará, inmediata e incondicionalmente, brindar a los servicios y los proveedores de servicios de cualquiera de las partes, un trato no menos favorable que el que le otorga a los servicios y proveedores de servicios de cualquier otro país”.

En adición a lo anterior, las grandes corporaciones presionan a los negociadores para que acentúen la desregulación. El análisis elaborado por Reid menciona que Walmart exigió al representante comercial de Estados Unidos que el TISA elimine toda restricción gubernamental “en ‘el tamaño de las tiendas, su número o posición geográfica’, así como ‘restricciones mercantiles’, referidas éstas a límites de tipos de productos comercializables, como tabaco, alimentos y farmacéuticos” entre otros.

Opacidad para las sociedades, transparencia para las corporaciones

En contraste con la secrecía de las negociaciones en torno al acuerdo, su anexo sobre transparencia establece que los gobiernos firmantes “deben” (según la posición de Washington) o “pueden” (según lo reclama la Unión Europea) dar a conocer por adelantado las medidas que entrarán en vigor  y ofrecer “a las personas interesadas y a las otras Partes, una oportunidad razonable para comentar acerca de tales medidas propuestas”.

A este respecto, Rosa Pavanelli, secretaria general de la red Internacional de Servicios Públicos (PSI), comentó, en ocasión de documentos del TISA divulgados hace un mes por la organización fundada por Julian Assange: “Es indignante que nuestros gobiernos democráticamente electos no nos dicen qué leyes están redactando. ¿A qué ha llegado nuestra democracia si la comunidad debe depender de Wikileaks para enterarnos de lo que hacen en nuestro nombre?” Y agregó: “Un anexo sobre transparencia, que exige a los gobiernos proveer información útil a las empresas, pero que es negociado a espaldas de la población, revela los intereses a los que sirven estos acuerdos”.

En efecto, el contenido de los borradores no podrá hacerse público hasta cinco años después de que entre en vigor o, en caso de que fracase, cinco años después de que finalicen las negociaciones.

Discrecionalidad preocupante

Otro factor de preocupación para Sanya Reid Smith es la discrecionalidad a que da margen el borrador del acuerdo, en el que menudean expresiones como “razonable” y “criterios objetivos”. Ello permitiría a un consorcio extranjero cuestionar y disputar regulaciones oficiales. Cita el caso de los expendios de mariguana de Vancouver, cuya normatividad podría ser imputada como “no razonable”.

En el nuevo paquete de documentos proporcionados a La Jornada por Wikileaks, es perceptible que el impulso por desregular el sector de servicios va ganando terreno y que, entre la versión de febrero de 2015 y la más reciente –fechada el pasado 23 de abril–, gobiernos que se oponían a las modalidades de liberalización previstas ahora las están “considerando”, apunta Reid Smith.

Cuarta revelación

La más reciente entrega de documentos revelados por Wikileaks –los cuales pueden consultarse a partir de esta fecha en los vínculos que aparecen al pie de esta nota– incluye el texto central del acuerdo y ocho anexos relacionados con servicios financieros, telecomunicaciones, regulación nacional, transparencia, adquisiciones gubernamentales, comercio electrónico, transporte marítimo y movimiento de personas. El primero es descrito por sus redactores en estos términos: “Incluye todas las propuestas relacionadas con el marco del acuerdo”, con excepción de aquellas concernientes con “nuevas y mejoradas disciplinas” y “provisiones institucionales”, como la resolución de disputas.

En abril y junio del año pasado La Jornada informó de versiones previas del borrador del acuerdo, que también le fueron proporcionadas por WikiLeaks. A principios de junio de este año la organización fundada por Julian Assange divulgó los borradores del TISA en el estadio que tenían en febrero, de lo cual se dio cuenta en este diario. La entrega actual tiene como telón de fondo la adopción por el senado estadunidense –el pasado 24 de junio– de un mecanismo fast-track para la aprobación de acuerdos comerciales. De esta manera, los legisladores sólo podrán votar si aprueban o no un tratado pero no podrán realizarle enmiendas.

En las negociaciones para el TISA participan los gobiernos de Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Suiza, Taiwán, Turquía, Unión Europea y Uruguay. Las naciones que participan en las negociaciones representan dos tercios del PIB global y 70 por ciento del comercio en servicios.

Las tratativas correspondientes iniciaron a principios de 2013 y se originaron por el estancamiento de las negociaciones en materia de servicios en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).