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El edificio vergonzante de Los Pinos

Anabel Hernández // Proceso

Para ocultar ese gasto y evitar la rendición de cuentas, la Presidencia no contrató directamente la obra. La construcción, equipo y mobiliario se pagaron con el presupuesto de la Sedena, que después firmó con la Presidencia un "acuerdo de colaboración" para usar de forma "gratuita" todo el inmueble y hacerse cargo de su administración hasta noviembre de 2018, un mes antes de que termine la administración de Enrique Peña Nieto.

 

Con sus vidrios polarizados, el edificio desentona con los otros en Los Pinos. Se alza en un terreno de mil 250 metros cuadrados y es equiparable en sus dimensiones a la residencia Miguel Alemán, que tiene 5 mil 700 metros cuadrados de construcción.

 

En el nuevo edificio despacha el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, y es utilizado también por el cuerpo de Guardias Presidenciales, responsables de la seguridad de Enrique Peña Nieto.

 

Proceso cuenta con documentación probatoria de que la Secretaría Particular del presidente, encabezada por Erwin Manuel Lino Zárate, violó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negar la existencia del convenio entre la Presidencia y la Sedena que detalla la construcción y uso del nuevo inmueble, a pesar de tener la información.

 

NO RINDEN CUENTAS

 

No obstante, a diferencia de las finanzas personales del mandatario, la ley de transparencia no permite al gobierno federal el uso discrecional de recursos públicos y ni del patrimonio nacional.

 

En noviembre de 2012 esta reportera inicio una investigación en torno a los gastos en remodelaciones y construcciones realizadas en Los Pinos con la llegada de Peña Nieto, su familia y su equipo de trabajo. La información, publicada en Proceso 1976, evidenció la falta de rendición de cuentas sobre el gasto público ejercido por la Presidencia.

 

En junio de 2014 se solicitó a ésta copia del contrato o convenio en el que se establecieran las condiciones y costos de la construcción del nuevo edificio que ocupa Nuño Mayer. El 11 de agosto de 2014 la Unidad de Transparencia, que depende de la Secretaría Particular del presidente, afirmó que esta secretaría, la Dirección General de Recursos Materiales, la Dirección General de Finanzas y el Estado Mayor Presidencial no encontraron "evidencia documental de la información solicitada".

 

Ante la negativa, se presentó una nueva solicitud. En ésta se pidieron copias de los recibos de agua, electricidad y gas desde el día que el edificio entró en funcionamiento hasta la fecha de la solicitud: 8 de septiembre de 2014.

 

Tras la publicación del reportaje en la edición citada, correspondiente al 14 de septiembre de aquel año, el 7 de octubre siguiente la Dirección General de Recursos Materiales reconoció la existencia de un convenio con la Sedena pero no transparentó el costo del inmueble. Argumentó que fue construido con presupuesto de la Defensa Nacional.

 

Los trabajos no fueron sometidos a un proceso de licitación pública, invocando causas de "seguridad nacional", sino por administración directa de la Sedena.

 

ESQUEMA DE SIMULACIÓN

 

Carlos Alberto Ramírez Velasco, coordinador general de Administración de la Oficina de la Presidencia, firmó un "convenio de colaboración" con la Sedena en diciembre de 2013, y el edificio se inauguró en enero de 2014. Meses antes la Presidencia le asignó a esa secretaría los mil 250 metros cuadrados para el inmueble, pero el documento correspondiente también ha sido ocultado por Los Pinos.

 

Según el convenio, la Sedena pidió ese espacio para edificar un inmueble destinado a las oficinas de los Guardias Presidenciales, pero en el mismo documento la dependencia entregó la totalidad del edificio a la Presidencia "con fines estratégicos de seguridad y de carácter administrativo".

 

Sin embargo, la Presidencia se obliga a utilizar el inmueble únicamente para oficinas administrativas, quedando prohibido utilizarlo para cualquier otro fin. La dependencia también es responsable del mantenimiento del edificio y pagará el costo de los servicios que sean requeridos para su funcionamiento. Asimismo será la responsable si el edificio se destruye.

 

Este esquema administrativo le permitió a la Presidencia el uso discrecional de recursos públicos, ya que los trianguló a través de la Sedena, generando opacidad en torno de la obra.

 

Un experto en materia de la Ley de Transparencia en México consultado sobre este esquema señala que cada vez es más frecuente que la Sedena realice obra pública federal de manera que no haya procesos de licitación, lo que genera una gran opacidad y posible corrupción.

 

DISPENDIO, EL SELLO DE PEÑA NIETO

 

La Auditoría Superior de la Federación analizó la construcción del edificio sólo para verificar la calidad de los trabajos y que los recursos públicos se hayan usado adecuadamente en la compra de materiales. En dicha auditoría se menciona que en el inmueble hay oficinas de las diferentes secciones del Cuerpo de Guardias Presidenciales, pero en realidad fue entregado gratuitamente por la Sedena a la Oficina de la Presidencia para esas y otras oficinas.

 

Antes de publicar este reportaje se solicitó al despacho de Nuño Mayer y a la Dirección de Comunicación Social de Los Pinos indicar cuántos metros cuadrados del edificio usan los Guardias Presidenciales y cuántos las oficinas de Los Pinos. También se preguntó para qué necesita esas oficinas la Presidencia. No hubo respuesta.

 

De acuerdo con la ASF, el edificio se tuvo que construir "derivado de la reorganización de las instalaciones de la Presidencia de la República y del uso de los inmuebles ubicados en el interior de la residencia oficial de Los Pinos".

 

Para dar una idea del gasto que implicó el nuevo inmueble, tan sólo en julio de 2014 la Presidencia pagó por energía eléctrica 1.61 millones de pesos,  por concepto de agua 559 mil y por gas 114 mil pesos, según las facturas obtenidas a través de la Ley de Transparencia.

 

El costo del edificio, 78.3 millones de pesos, equivale a más del 300% del presupuesto asignado a la Unidad de Programas de Atención a la Pobreza Urbana de la Secretaría de Desarrollo Social en 2013, que fue de 20.7 millones de pesos (al principio se le aprobaron  65.5 millones de pesos pero se le aplicó un recorte de 44.7 millones).

 

El monto del edificio también es el doble del presupuesto asignado a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República (39 millones de pesos) tras el recorte de más de 10 millones de pesos. Y cuatro veces más que lo asignado a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encargada de atender los asuntos relacionados con desapariciones forzadas, protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así como los abusos de autoridad. A esa oficina se le otorgaron 19 millones de pesos en 2013.