Sep11

Acuerdo morenovallista demorará conocimiento de deuda por PPS: Nodo

Martín Hernández Alcántara // La Jornada de Oriente

Aunque por las reformas a la Ley de Armonización Contable ya se considera a los Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) como deuda pública, y la Ley General de Transparencia obliga a informar sobre los pasivos de los gobiernos, la administración morenovallista, que debería hacer del conocimiento público la cantidad exacta de los préstamos que contrató por dicho esquema, puede dilatar la revelación de esas sumas, advirtió ayer el Nodo de Transparencia.

Durante una rueda de medios que representantes del organismo ofrecieron por la mañana para dar a conocer su monitoreo anual sobre el cumplimiento de la ley estatal de transparencia, se les preguntó sobre las reticencias que ha mostrado el morenovallismo a lo largo de todo el sexenio para revelar los montos de deuda que adquirió por la vía de los PPS, a lo que el ex consejero electoral José Manuel Rodoreda Artasanchez respondió:

“En relación con los PPS, ahora con las reformas a las leyes fiscales ya los fideicomisos públicos son sujetos obligados a la Ley de Transparencia y van a tener que adecuarlo acá (en Puebla). No nos olvidemos que no se quiso poner en la ley estatal de transparencia del estado de Puebla, no se quiso incluir los fideicomisos públicos y el PPS se maneja a través de un fideicomiso público de pago y administración”.

En seguida advirtió: “Habría que ver y analizar un poco qué es lo que sucede con el acuerdo que se firmó precisamente por el actual alcalde (José Antonio Gali Fayad), cuando era secretario de Infraestructura, que firmó el acuerdo para poner en reserva los PPS. Habría que ver cómo se puede eliminar ese acuerdo una vez que ya son sujetos obligados”.

Rodoreda recordó que “las leyes de Hacienda, ya consideran a los PPS como deuda pública y aquí (en Puebla) se deben hacer las adecuaciones para que se reconozca así, estamos próximos a que venzan los plazos para las adecuaciones”.

Por su parte, Lilia María Vélez Iglesias, titular de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Puebla, advirtió que si los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) honraran el principio de máximo favorecimiento al interés ciudadano, no tendrían que pretextar, como lo han hecho hasta ahora, que se debe armonizar la ley estatal con la federal, pues de entrada esta última ya está en vigor y puede ser utilizada desplazando a la norma actual, pero además los preceptos que justificarían el hacer de conocimiento público la deuda del morenovallismo por los PPS se encuentran consagrados en la Constitución.

Miriam Carrillo, abogada de la Universidad Autónoma de Puebla especializada en transparencia y acceso a la información pública, coincidió con Vélez Iglesias y acotó que en el supuesto de que el gobierno estatal se negara en este momento –o cuando se realicen las adecuaciones de la ley estatal– a dar a conocer los montos de deuda por PPS, los ciudadanos tienen otro recurso legal para hacerse de la información: el amparo.

Por su parte, Rafael Hernández García Cano, coordinador de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana Puebla, consideró que la actitud de los comisionados de no privilegiar el principio de interés público no se debe a ignorancia, sino a complicidad con los sujetos obligados.